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La publicación del Sexto Suplemento del Registro Oficial N° 229, el 23 de febrero de 2026, ha marcado un antes y un después en la administración pública territorial del Ecuador. La Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto no es solo un ajuste contable; es un cambio de paradigma que pone en jaque la ejecución de programas sociales, culturales y deportivos en todo el país.
Si eres autoridad o servidor público en un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), la pregunta no es si la reforma te afecta, sino qué tan rápido puedes adaptar tu ingeniería presupuestaria para evitar el recorte de tus transferencias.
El nuevo Artículo 198.1 establece una regla fiscal de hierro: los GAD deben destinar al menos el 70% de sus egresos no financieros a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y activos.
A simple vista, suena a eficiencia. Sin embargo, la trampa está en los detalles. El Clasificador Presupuestario del Ministerio de Finanzas ahora es el juez: solo lo que se registre en los grupos de Obras Públicas (75) y Bienes de Larga Duración (84), junto con estudios específicos, computará para ese 70%.
¿Cuál es el peligro? Que el gasto social —talleres, escuelas de fútbol, programas de prevención de adicciones— suele clasificarse como "Gasto Corriente". Bajo la nueva regla, estos programas podrían quedar relegados al 30% restante, donde deben competir por recursos contra el pago de nómina, servicios básicos y suministros de oficina.
La Autonomía en la Cuerda Floja: ¿Una Reforma inconstitucional?
Más allá de las complicaciones operativas, el fondo de la reforma plantea un debate constitucional de primer orden. La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) una autonomía política, administrativa y financiera real. Esta autonomía no es una concesión del Gobierno Central, sino un derecho constitucional para que cada territorio priorice su gasto según su realidad local. Al imponer una "camisa de fuerza" presupuestaria mediante la rigidez del Clasificador, el Gobierno Central corre el riesgo de desnaturalizar el modelo de descentralización, convirtiendo a los municipios y prefecturas en meras unidades ejecutoras de una política diseñada en Quito.
Jurídicamente, condicionar la entrega de transferencias a una estructura de gasto predeterminada por el Ejecutivo —como establece el Artículo 198.6 de la reforma— podría interpretarse como una intervención directa del Gobierno Central en las decisiones locales, convierte el derecho al presupuesto en un simple permiso de gasto que el Gobierno Central otorga o quita, lo cual no es consecuente en un régimen de autonomía. La pregunta que flota en los departamentos jurídicos y de planificación es inevitable: ¿Puede una reforma al COOTAD invalidar la facultad constitucional de los Concejos y Consejos Provinciales para decidir sus propias prioridades de inversión? Esta vulneración al principio de subsidiariedad abre la puerta a futuras demandas de inconstitucionalidad ante la Corte, bajo el argumento de que la eficiencia fiscal no puede alcanzarse a costa de romper el orden constitucional.
El Dilema de lo Político vs. lo Técnico
La oposición denuncia un "apagón cultural y social", mientras el oficialismo defiende la "optimización del recurso". Pero más allá de la pugna política, quienes estamos en el servicio público nos enfrentamos a una realidad técnica: Si no cumples con la estructura presupuestaria, el Ministerio de Finanzas puede reducir tus transferencias a los mínimos constitucionales (Art. 198.6).
Esto coloca a los alcaldes y prefectos en una posición casi imposible donde se juegan prácticamente dos escenarios: Construir "cemento" para cumplir la ley y asegurar fondos, o, mantener la inversión social y arriesgarse a un estrangulamiento financiero y déficit de programas sociales en territorio.
La Solución: Innovación y Blindaje Territorial
La buena noticia es que la ley, aunque rígida, permite espacios para la innovación administrativa. A mi criterio, no se trata de dejar de hacer obra social, sino de rediseñar la forma en que el GAD ejecuta sus competencias.
Llorar menos y empezar a trabajar. El error común es presupuestar servicios de forma aislada. Una estrategia moderna consistiría en la Proyectización integral de los programas sociales. Si el GAD invierte en la repotenciación física de centros de formación (Grupo 75) y en equipamiento de alta tecnología (Grupo 84), no solo está cumpliendo con el 70%, sino que está creando la infraestructura física necesaria para que lo social tenga un "hogar" legalmente justificable como inversión.
Asimismo, el GAD ya no puede (ni debe) ser el único financista. La creación de ordenanzas que incentiven la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) permite que gremios y empresas privadas asuman el mantenimiento de infraestructura social, deportiva o cultural a cambio de beneficios en tasas locales. Esto liberaría espacio en el presupuesto municipal para otras prioridades.
La Autonomía se Defiende con Técnica
La Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados es un desafío a la autonomía garantizada en la Constitución. Sin embargo, quejarse no es una estrategia. El blindaje territorial requiere que los equipos de Planificación, Financiero y Jurídico trabajen en una sincronía que rara vez se ve en el sector público.
Aquellos GADs que logren innovar en su estructura presupuestaria no solo sobrevivirán a los recortes del Ministerio de Finanzas, sino que se convertirán en referentes de una gestión que, lejos de ser 'solo cemento', usa la infraestructura como la base para un desarrollo social imparable.
Todo esto, por supuesto, bajo la optimista premisa de que las decisiones de control del Gobierno Central se mantendrán en el terreno de lo técnico; asumiendo —con una buena dosis de fe— que el rigor financiero no se convertirá de pronto en otra herramienta de presión política, como bien lo ha sugerido la particular atención que han recibido ciertos opositores en las últimas semanas.
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